Los internacionalistas en la cuestión del Tratado de Itaipú

“El pueblo que oprime a otro no puede ser libre”.

Karl Marx

En marzo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se refirió al Brasil como “hermano mayor de los países de América del Sur”[1]. El discurso fue pronunciado en el acto de asunción al mando del exdiputado federal Enio Verri (PT) como director general brasileño de la usina hidroeléctrica Itaipú Binacional, en presencia del entonces presidente paraguayo Mario Abdo Benítez.

Por Ronald León Núñez

El recurso retórico ciertamente pretende encubrir el histórico papel expansionista y opresor del Brasil en la región, por medio de mecanismos nada fraternales, consolidados en su período imperial.

Brasil extiende su dominio sobre el Paraguay y otros países sudamericanos. Es un hecho. En su carácter de burguesía regional más fuerte, en términos económicos, políticos y militares, Brasil penetra en el Paraguay a través del comercio desigual[2]; de la proliferación de empresas que producen con nulos o muy bajos costos tributarios, de energía y mano de obra, amparándose en el régimen de maquila garantizado por los gobiernos paraguayos[3]; de la expansión desbocada del agronegocio, controlado por colonos de origen brasileño (los llamados “brasiguayos”), de modo tal que, actualmente, se estima que 14% de los títulos de propiedad de tierras en el Paraguay pertenecen a propietarios brasileños[4], un sector poderoso que desaloja violentamente de sus tierras a pequeños campesinos y comete graves crímenes ambientales. En departamentos paraguayos como Alto Paraná o Canindeyú, limítrofes con los Estados de Mato Grosso do Sul y Paraná, la porción de territorio en manos de estos empresarios brasileños es escandalosa: 55% y 60%, respectivamente.

Con todo, podemos afirmar que el principal instrumento de dominación brasileña sobre el Paraguay –que, anticipamos, ningún gobierno pretende cambiar cualitativamente– es el Tratado de Itaipú, objeto de este artículo.

El escenario en 2023

El Tratado de Itaipú, firmado en 1973 por los generales dictadores Emílio Garrastazu Médici y Alfredo Stroessner, cumplió medio siglo el pasado 26 de abril.

Más que una efeméride, la fecha indica la inminente renegociación del Anexo C, que establece las “bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad”. Este es el dispositivo legal que, desde 1984, garantiza a la burguesía brasileña la parte del león en el acuerdo bilateral[5].

La renegociación estará a cargo de los gobiernos del Brasil y del Paraguay, a través de sus cancillerías. Por un lado, actuará el gobierno Lula-Alckmin, apoyado acríticamente por la mayoría de la izquierda brasileña y latinoamericana. Por el otro, Santiago Peña, político del derechista y tradicional Partido Colorado, quien asumirá el cargo de nuevo presidente paraguayo el próximo 15 de agosto.

En primer lugar, es muy importante definir la esencia de la cuestión y delimitar los principales problemas históricos y sociopolíticos que plantea este tema que, en apariencia, se presenta como meramente técnico y diplomático.

A partir de ahí, nos interesa discutir cuál debe ser la actitud de la izquierda brasileña y latinoamericana, principalmente la que se reivindica socialista e internacionalista.

Destacamos este último atributo, que es un principio para los marxistas, dado que una concepción nacionalista, tanto en el Brasil como en el Paraguay, ofrece un camino sin salida.

El nacionalismo es una ideología reaccionaria, un engaño para las clases no propietarias, puesto que este enfoque facilita que las burguesías locales presenten sus intereses particulares como si fuesen los de la sociedad, identificada con la “nación”, o guarden relación con el “bien común”. Por eso, el marxismo no es nacionalista. A esta ideología burguesa opone la concepción de la centralidad de la perspectiva de la lucha de clases y, en este sentido, la defensa de los intereses de las clases explotadas contra las burguesías nacionales o extranjeras.

El hecho de que el marxismo no sea una corriente nacionalista no significa, sin embargo, que no reconozca y defienda el derecho democrático a la autodeterminación de las naciones oprimidas.

En este contexto, el punto de partida consiste en comprender que el caso de Itaipú no es un problema exclusivo del Paraguay, alejado de la realidad y de los intereses de la clase trabajadora brasileña. La agenda de renegociación, o incluso la anulación del Tratado de Itaipú, merece toda la atención de la clase obrera y de las izquierdas en el Brasil, que deben asumir la defensa inequívoca del Paraguay, la nación oprimida, subyugada y explotada por la misma clase dominante que controla el poder en el Brasil.

En la población en general y, en consecuencia, en las izquierdas, hay un desconocimiento casi completo no sólo sobre el caso de Itaipu, sino, principalmente, sobre la relación histórica entre Brasil y Paraguay. Esta realidad es lamentable. Y se explica por la política de discriminación, xenófoba y racista, que la clase dominante brasileña impuso contra todo aquello que pueda ser asociado al Paraguay. Es hora de romper con el ciclo de reproducción de estas ideologías reaccionarias, que nos dividen como clase trabajadora.

Para eso, es necesario conocer, profundizar y debatir sobre el carácter de esta relación desigual y cómo fue construida.

Una relación histórica de opresión nacional

Para establecer la naturaleza de las relaciones entre el Brasil y el Paraguay, es determinante comprender que, hace 153 años, el segundo país fue destruido en la Guerra contra el Paraguay (1864-1870)[6] .

En 1865, un Tratado secreto estableció la Triple Alianza contra el Paraguay, un acuerdo político-militar entre el entonces Imperio del Brasil, gobernado por el emperador Pedro II; la Argentina, recientemente unificada a sangre y fuego, y dirigida por el General Bartolomé Mitre; y Uruguay, Estado que adhirió a la alianza tras la victoria del caudillo Venancio Flores en una guerra civil (1863-1865), en la cual recibió apoyo político y militar del Brasil y de la Argentina[7].

El Tratado definía de antemano no sólo el reparto del territorio paraguayo y el botín entre los aliados, sino la obligación de llevar la guerra hasta las últimas consecuencias, es decir, de no aceptar ninguna negociación de paz, por separado, con el país invadido. También estableció la imposición de una deuda impagable al Paraguay, en concepto de “reparación e indemnización” a los Estados que casi lo borraron del mapa.

Este documento, por sí solo, prueba las intenciones conquistadoras de los Aliados, en la mayor guerra internacional de la historia sudamericana.

Después de más de cinco años de guerra, entre 60 y 69% de la población total del Paraguay había desaparecido[8]. Una hecatombe demográfica atroz. Es muy difícil encontrar otro ejemplo de tamaña mortandad, en términos porcentuales, en la historia moderna. De los sobrevivientes paraguayos, dos tercios eran niños y mujeres[9].

Además, alrededor de 40% del territorio reclamado por el Paraguay fue anexado por los vencedores. La economía quedó completamente arruinada; la agricultura, la ganadería y todos los adelantos técnicos y modernizadores introducidos en el país desde 1850 fueron desmantelados. En nombre de la civilización y la modernización liberal, se prohibió el uso de la lengua guaraní. La fecha nacional se cambió para el 25 de mayo, efeméride relacionada con la independencia argentina. Enormes extensiones de tierras públicas fueron subastadas a empresas extranjeras. Paraguay, hasta entonces sin deuda externa, contrajo sus primeros empréstitos con la banca inglesa en 1871 y 1872.

Es cínico presentar este cuadro de muerte y destrucción como un hecho progresivo o civilizador, como hizo la propaganda de guerra de la Triple Alianza y, hasta hoy, cierta literatura chovinista en el Brasil y en la Argentina reproduce más o menos abiertamente.

La realidad es que, actualmente, el Paraguay es uno de los países más pobres y desiguales del continente. Una nación doblemente oprimida y explotada, tanto por los imperialismos hegemónicos a nivel mundial como por las burguesías brasileña y argentina, las más fuertes del Cono Sur.

Los sucesivos gobiernos brasileños, que, como diría Marx, no son más que “un comité para administrar los asuntos comunes de toda la clase burguesa”, actúan en el Paraguay –y en otros países más pequeños y pobres, como Bolivia– como submetrópoli o, si se prefiere, como una semicolonia privilegiada. Eso significa que el Estado burgués brasileño trata a estos países como si perteneciesen a su “área de influencia”, expandiendo los negocios de sus empresas y, principalmente, del capital e intereses imperialistas. En resumen, la burguesía brasileña explota y oprime no sólo a su propia clase trabajadora, sino a las de otras naciones más débiles, en beneficio propio o del imperialismo.

Los antecedentes del Tratado de Itaipu

Desde la década de 1950, Brasil estudiaba el potencial hidroeléctrico del río Paraná, especialmente en la región de los Saltos del Guairá, o Salto das Sete Quedas[10], con la intención de viabilizar una política de desarrollo industrial, aunque limitada y subordinada al capital imperialista.

El problema residía en que esta región estaba en disputa con el Paraguay desde el final de la Guerra de la Triple Alianza.

En 1954 llega al poder, en el Paraguay, una férrea dictadura militar liderada por el general Alfredo Stroessner, una figura totalmente servil a la política de Estados Unidos y a su gendarme regional, Brasil.

En enero de 1964, los dos gobiernos firmaron un acuerdo para conformar una comisión mixta que estudiase el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Paraná. Dos meses después, como es sabido, un golpe militar, con el apoyo de Washington, derrocó a João Goulart e impuso un régimen dictatorial en el Brasil.

En el contexto de la disputa de límites con el Paraguay, en junio de 1965, el dictador Castelo Branco ordenó el despliegue de tropas en la frontera e invadió la localidad denominada Puerto Renato, en territorio paraguayo. El régimen brasileño alegó como motivación el combate al contrabando y a la guerrilla. En octubre, la comisión paraguaya de límites se desplazó hasta el área en disputa, pero fue detenida por militares brasileños. Asunción guardó silencio. No hubo ninguna reacción por parte de la dictadura de Stroessner frente a estos atentados a la soberanía del Paraguay.

El 22 de junio de 1966, tras la mediación de Dean Rusk, secretario de Estado de los Estados Unidos, los cancilleres de las dos dictaduras firmaron el Acta de Iguazú. Según ese documento, los dos gobiernos acordaban construir una usina hidroeléctrica en la región en litigio y, así, aprovechar su potencial energético.

La solución a la disputa fronteriza consistiría en inundar los Saltos del Guairá, que quedarían sumergidos con la formación del actual lago de Itaipu, hecho ocurrido en 1982. La desaparición de los Saltos del Guairá, una maravilla natural, fue fuertemente cuestionada por diversas manifestaciones locales y de ambientalistas. El área, modificada artificialmente, sería declarada “perteneciente en condominio a ambos países”. Las tropas brasileñas se retiraron solo cuando el territorio en disputa quedó sumergido.

Conviene recordar una anécdota sombría de este episodio. El canciller brasileño, general Juraci Magalhães, le dijo a su homólogo paraguayo, Raúl Sapena Pastor: “Mi querido amigo, como usted sabe, un tratado puede ser modificado en virtud de otro tratado o por el resultado de una guerra. Brasil no está dispuesto a aceptar un nuevo tratado, lo que resta saber es si Paraguay está dispuesto a promover otra guerra”[11].

Ya en 1966 quedó claro quién se quedaría con la parte privilegiada cuando se celebrara un tratado definitivo.

Por lo tanto, lo que ahora es la usina hidroeléctrica de Itaipú nació de una invasión militar brasileña y de uno de los mayores crímenes ambientales ya cometidos en la región, además, evidentemente, de una renuncia territorial por parte de la dictadura de Stroessner.

Siete años después, el artículo 18 del Tratado de Itaipú estableció, entre otras, la posibilidad de intervención militar por parte de los Estados signatarios[12].

Sería irrisorio, si consideramos la enorme asimetría entre el Brasil y el Paraguay en todos los aspectos, que, en alguna circunstancia, una cláusula de esta naturaleza pudiera favorecer a los paraguayos. Por el contrario, en más de una ocasión, Brasil realizó ejercicios militares simulando la toma de la hidroeléctrica, el más conocido de los cuales fue en 2009.

El Tratado de 1973

El acuerdo de 1966 definió que la energía producida por la futura central hidroeléctrica se dividiría “en partes iguales” entre los dos países. En caso de que uno de ellos no pudiese consumir la totalidad de su mitad, debería ofrecerla “preferentemente” y a un “precio justo” a su socio[13]. No es necesario decir que, de antemano, se sabía que esa situación cabría al Paraguay.

El Tratado de Itaipú, sin embargo, anuló estas declaraciones e impuso el llamado “derecho de adquisición”, es decir, la transferencia obligatoria de la energía no utilizada por uno de los países a su contraparte, no a un “precio justo” o de mercado, sino a un precio prefijado por la propia Itaipú. De este modo, el “derecho de preferencia” se transformó en una cesión obligatoria, a cambio de una “compensación”, cuyo cálculo nunca tuvo relación con el precio de mercado.

El tema es que entre 1984 –año de entrada en operación de Itaipú– y 2022, el Brasil se quedó con 91% de la energía total producida por la empresa y el Paraguay con apenas 9%[14]. Este último dato, a su vez, representa 18% de la mitad que corresponde al Paraguay. Por lo tanto, en 39 años, el Paraguay cedió –no vendió–82% de la energía que, según el Tratado de 1973, le pertenece[15]. Esta cesión de derechos se realiza por un valor muy inferior al practicado en el mercado.

En otras palabras, el Paraguay está impedido de exportar su propia energía para terceros países –como Argentina, Uruguay o Chile, que en algún momento manifestaron interés–, dado que está obligado a cederla al Brasil.

A cambio de esta cesión, el Brasil “compensa” al Paraguay con un valor fijo. Este valor sufrió ajustes desde 1984, pero los datos actualizados indican que el precio promedio pagado por el Brasil equivale a US$ 4,14 por MWh, cuando los precios de importación de energía en el mercado internacional oscilan entre US$ 80 y US$ 200 por MWh[16]. En el primer trimestre de 2023, el propio Brasil recaudó alrededor de BRL 500 millones en concepto de exportación de electricidad a Argentina y Uruguay[17].

En 2009, un acuerdo entre los presidentes Lula y Fernando Lugo triplicó el valor de la compensación brasileña[18]. Esto, que fue celebrado por la izquierda paraguaya como un “hecho histórico”, exaltando las figuras de ambos presidentes “progresistas”, en realidad no fue más que un leve aumento de las migajas que cayeron del banquete brasileño. Lula y Lugo no resolvieron nada. Según datos de 2022, el Paraguay recibe US$429,3 millones de su socio como “compensación por cesión de energía”[19]. Sin embargo, si pudiese disponer libremente de su energía y negociarla a precio de mercado, en el Brasil o en otros países, podría recibir un monto anual cercano a los tres mil millones de dólares. Está claro que el acuerdo Lula-Lugo, tan alardeado por el “progresismo”, no alteró nada sustancial.

No hace falta ser un especialista para entender la enorme injusticia que se comete contra el derecho del Paraguay a utilizar sus propios recursos energéticos.

El Tratado de Itaipú, en términos prácticos, no pasa de un sofisticado esquema de saqueo y corrupción que benefició, principalmente, las iniciativas industriales en el sudeste brasileño, en particular el Estado de São Paulo. Un puñado de empresarios y banqueros, brasileños, paraguayos y de otros países, se enriquecieron obscenamente, amparados por las dictaduras militares. En el Paraguay, los empresarios vinculados a Stroessner, que se llenaron los bolsillos actuando como socios menores de la burguesía brasileña, son conocidos como los “barones de Itaipú”.

La deuda de Itaipú

El 28 de febrero, los gobiernos y la prensa de ambos países celebraron el pago de la última cuota de la deuda por la construcción de Itaipú. Según la entidad, el monto total desembolsado fue de 64.000 millones de dólares.

Desde la década de 1970 se han firmado más de 300 contratos de financiación, principalmente con acreedores brasileños o de países imperialistas, la mayoría de ellos a través de la Eletrobras, empresa privatizada por el gobierno de Bolsonaro en 2022.

El conocido mecanismo del mercado financiero, guiado por la corrupción, la sobrefacturación, el crecimiento descontrolado de los intereses por encima de los intereses, hizo crecer el préstamo inicial de 3.500 millones de dólares, contratado en 1974, hasta alcanzar la astronómica cifra de 64.000 millones en 2023. Es escandaloso, sobre todo si tenemos en cuenta que la obra habría costado, aproximadamente, 12.000 millones de dólares[20].

Esta deuda fue pagada en gran parte por los consumidores de electricidad de ambos países, a través de nuestras facturas residenciales de electricidad.

Sin embargo, la peor parte recayó, una vez más, en el Paraguay, ya que la deuda se pagó en partes iguales, a pesar de que, como apuntábamos, el Brasil se quedó con más del 90% de la energía producida.

Es como si en la fila de un supermercado hubiese una persona con un carrito lleno de productos, y atrás de ella hubiera otra persona que solo compró una barra de chocolate, pero, a la hora de pagar, la primera propuso a la segunda: ¿qué tal si pagamos todo mitad y mitad?

Este hecho, sin embargo, no impide que los empresarios y la prensa brasileños repitan la conocida falacia de que “el Paraguay sólo puso el agua”, como forma de justificar los beneficios de su país. Los más extremos llegan a decir que el Tratado, en realidad, favoreció más al Paraguay.

Esto no se corresponde con la realidad, ya que el Paraguay cargó con los costos de la deuda, incluidos los 4.193 millones de dólares que la propia Contraloría General de la República, tras una auditoría, consideró “espuria”.

Lo cierto es que la deuda generada por la obra de Itaipú fue pagada varias veces por ambos pueblos, pero proporcionalmente mucho más por los contribuyentes paraguayos, quienes, a pesar de pagar la mitad de las cargas, usufructuaron menos de 10% de la energía producida, generando, en la práctica, un subsidio a la industria paulista y del sudeste brasileño.

Por otro lado, convengamos que decir que el Paraguay “solo puso el agua”, en el caso de una empresa hidroeléctrica, es como decir que, en una exploración aurífera, un país “solo puso el oro”.

Los trabajadores y trabajadoras brasileños fueron y están siendo robados por los altos ejecutivos de su país en Itaipú y por sus gobiernos[21], porque una energía que el Estado compra al Paraguay a US$ 4,14 por MWh o menos se revende, en promedio, ¡a US$ 226 por MWh para consumo residencial en el Brasil![22]

Para dimensionar el peso que tuvo esta deuda en las facturas de la electricidad, basta saber que los pagos de los préstamos representaron alrededor de 64% del costo de la energía producida[23].

La explotación de otra nación no trae nada positivo para el pueblo brasileño. Mientras una minoría de grandes empresarios y financistas, protegidos por los gobiernos de turno, explotan a un pueblo hermano, la tarifa media de energía eléctrica en el Brasil aumentó 219% por encima de la inflación entre 1997 y 2022. Por eso, no podemos perder de vista la profundidad de esta lección: «Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre».

Una salida de clase e internacionalista

La demanda de un acuerdo igualitario, sobre bases democráticas, que derive de una renegociación o incluso de la anulación del actual Tratado de Itaipú, constituye un problema democrático, relacionado con el derecho del Paraguay a la autodeterminación nacional. Se trata, específicamente, del derecho a disponer, soberanamente, de sus recursos energéticos, cuestión elemental para cualquier nación.

En este sentido, estamos frente a un caso claro de opresión nacional, en el cual la nación más grande y más rica, el Brasil, explota y oprime a una más pequeña y pobre, el Paraguay. Esta relación de opresión, como hemos señalado, no comenzó en 1973, sino que se remonta al menos al siglo XIX.

En la época imperialista, de decadencia histórica del capitalismo mundial, las tareas democráticas –la soberanía nacional, los derechos y garantías democráticas, el problema de la tierra, entre otras–, cercenadas o abandonadas por la burguesía, pasaron a manos del proletariado y sus aliados sociales, quienes podrán resolverlas unificando las demandas democráticas y anticapitalistas en un único programa político, basado en la estrategia de la revolución socialista en escalas nacional e internacional.

Esto significa que los problemas democráticos no son indiferentes para los marxistas, quienes, que, sin caer en el nacionalismo propio de las corrientes burguesas y reformistas, defienden el derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas.

Por eso, los marxistas encaran el problema de Itaipú como cualquier otro problema nacional: asumiendo una perspectiva de clase, internacionalista, e inseparable de la estrategia de la revolución socialista. En ese contexto, combaten cualquier postura nacionalista o xenófoba, que causan división entre la clase trabajadora de ambos países. El marxismo enfrenta tanto el nacionalismo de la nación opresora como el nacionalismo de la nación oprimida, pero sin por eso dejar de defender sus justos derechos nacionales.

El año 2023 es fundamental para la clase obrera del Paraguay y del Brasil. Después de medio siglo, el Tratado de Itaipú será renegociado, abriendo un escenario fértil de debates y movilizaciones de diversos sectores sociales y políticos.

En el Paraguay, la clase trabajadora no debe confiar en el futuro gobierno de Santiago Peña, en los gremios empresariales ni en la diplomacia de su país. La historia ha demostrado, repetidamente, que la clase dominante paraguaya siempre ha mantenido una postura de capitulación sistemática a los intereses del Brasil[24]. Estimular ilusiones en una posible confluencia de intereses entre empresarios “patriotas” y sectores populares, en la lucha por la recuperación de Itaipú con miras al “desarrollo nacional”, dicho en términos generales, es un error fatal. Un análisis histórico de clase revela que el gobierno y los empresarios, en todos sus matices, no han sido ni serán aliados de la clase trabajadora y del pueblo pobre.

Confiar en los organismos internacionales, como argumentan algunos sectores nacionalistas en el Paraguay, que inocentemente piensan que un reclamo en el Tribunal de La Haya hará retroceder en sus intenciones a la burguesía brasileña y a los bancos imperialistas, es una ilusión. Este camino institucional, legalista y “pacífico” es un camino sin salida para el Paraguay.

Sólo un poderoso proceso de movilización social, que parta de una amplia campaña de educación sobre el tema y posea organización independiente, podrá forzar una revisión del Tratado en sentido progresivo, es decir, estableciendo un nuevo acuerdo sobre la base del respeto a la soberanía del Paraguay.

Está claro que la movilización de la clase trabajadora paraguaya no será suficiente. Es necesario, como hemos señalado, que la poderosa clase obrera y el movimiento social del Brasil se apropien de esta causa y, simultáneamente, luchen codo con codo con sus hermanos de clase paraguayos.

El pueblo brasileño, como ejemplificamos, es una víctima más de este acuerdo corrupto, que en las últimas cinco décadas sólo ha enriquecido a una minoría.

Esta lucha es única e indivisible, sin espacio para los nacionalismos. La única perspectiva capaz de generar un cambio cualitativo, radical, es la concepción internacionalista, en la esfera del análisis y de las acciones.

La clase trabajadora paraguaya debe comprender que sus principales enemigos son las clases dominantes y los gobiernos del Paraguay y del Brasil, y no los “brasileños” en general. El pueblo brasileño sufre las mismas penurias que el pueblo paraguayo.

Al mismo tiempo, la clase trabajadora brasileña debe entender que Itaipú no es sólo un problema “paraguayo”, sino una cuestión que la afecta directamente, a través del cobro injusto de la energía eléctrica. Además, que es un Tratado de usurpación de un pueblo hermano y más pobre, históricamente ultrajado.

Lula dijo estar seguro de que “… vamos a alcanzar un acuerdo que tendrá muy en cuenta la realidad de los dos países y el respeto que el Brasil debe tener por su aliado, el querido Paraguay”[25]. En el escenario actual, sin depositar ninguna confianza en el gobierno Lula-Alckmin, es necesario exigir, a través de una fuerte campaña de movilizaciones, una renegociación que contemple la soberanía energética del Paraguay, es decir, la libre disposición de la parte que le cabe. Al mismo tiempo, denunciar cada hecho, cada declaración, cada avance de las negociaciones en sentido opuesto. La izquierda brasileña enfrenta una prueba de fuego, dado que la renegociación será conducida por el presidente Lula, quien, recientemente, nombró a cuatro de sus ministros como consejeros de Itaipú: Alexandre Silveira de Oliveira, ministro de Minas y Energía; Fernando Haddad, ministro de Hacienda; Esther Dweck, ministra de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos; y Rui Costa dos Santos, ministro de la Casa Civil[26]. Ellos recibirán alrededor de R$ 69.000 por mes, sumados a sus salarios como ministros de Estado y de consejeros de la binacional[27]. El director brasileño de Itaipú, designado por Lula, también es del PT.

Una actitud independiente y, al mismo tiempo, de oposición por la izquierda hacia el gobierno de Lula-Alckmin es condición necesaria para que la izquierda brasileña pueda, en la práctica, asumir una postura genuinamente internacionalista, cuyo punto de partida, en las naciones opresoras, es exactamente el combate contra la propia burguesía y el propio gobierno.

Notas

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[1] Consultar: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/03/novo-tratado-de-Itaipú-buscara-desenvolver-brasil-e-paraguai-diz-lula.shtml

[2] Brasil es el principal socio comercial del Paraguay, representando, en 2022, 28,5% del total de transacciones. Le siguen China (18,3%), Argentina (12,8%), Estados Unidos (6,9%) y Chile (4,8%).

[3] Aproximadamente 72% de las empresas maquiladoras en el Paraguay son brasileñas. Consultar: https://www.lanacion.com.py/negocios/2023/03/06/restablecimiento-de-condiciones-favorables-con-brasil-impulsaron-exportaciones-de-maquila/; https://www.idesf.org.br/2022/05/12/exportacoes-registradas-pelas-industrias-maquiladoras-tem-recorde-historico-no-mes-de-abril/

[4] Consultar: https://deolhonosruralistas.com.br/deolhonoparaguai/2017/11/06/proprietarios-brasileiros-tem-14-das-terras-paraguaias/

[5] Las operaciones de Itaipú comenzaron en mayo de 1984. Desde entonces, la empresa ha producido más 2.900 millones de megawatts-hora (MWh). En términos de capacidad instalada, es la tercera usina hidroeléctrica del mundo.

[6] SECCO, Lincoln. A Guerra contra o Paraguai em debate. Disponible en: https://aterraeredonda.com.br/a-guerra-contra-o-paraguai-em-debate/. Consultado el 4/6/2023. NUÑEZ, Ronald. La guerra contra el Paraguay en debate. São Paulo, Sundermann, 2021, 472 p.

[7] El Imperio del Brasil invadió Uruguay en octubre de 1864.

[8] WHIGAM, Thomas; POTTHAST, Barbara. The Paraguayan Rosetta Stone: New Insights into the Demographics of the Paraguayan War, 1864-1870. Latin American Research Review, v. 34, n. 1, pp. 174-186, 1999.

[9] Charla debate internacional sobre la Guerra de la Triple Alianza. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=jr5ND-D1a1k&t=4348s. Consultado el 4/6/2023.

[10] El Salto das Sete Quedas, también llamado Sete Quedas do Paraná, fueron las cascadas más grandes del mundo. Con un volumen estimado de 49.000 m³/s, duplicaban el volumen de las Cataratas del Niágara y eran trece veces más caudalosas que las Cataratas Victoria, en Zambia y Zimbabue.

[11] MAGALHÃES, Juraci. Minhas memórias provisórias. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1982, pp. 201-203. El general Juraci también era conocido por otra frase: “lo que es bueno para los Estados Unidos es bueno para el Brasil”.

[12] TRATADO DE ITAIPÚ. Artículo XVIII: “Las Altas Partes Contratantes, a través protocolos adicionales o de actos unilaterales, adoptarán todas las medidas necesarias al cumplimiento del presente Tratado…”. Disponible en: https://www.Itaipú.gov.br/sites/default/files/u13/tratadoItaipú.pdf . Consultado el 4/6/2023.

[13] Acta de Iguazú. Disponible en: https://www.Itaipú.gov.br/sites/default/files/af_df/ataiguacu.pdf. Consultado el 5/6/2023.

[14] La energía generada por la usina representa 8,6% de la energía consumida en el Brasil y 86,3% del consumo paraguayo.

[15] Consultar: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2023/02/19/en-38-anos-de-produccion-de-Itaipú-el-paraguay-recibio-us-414mwh/

[16] Consultar: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2023/02/19/en-38-anos-de-produccion-de-Itaipú-el-paraguay-recibio-us-414mwh/

[17] Consultar: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/exportacao-de-energia-eletrica-para-paises-vizinhos-permite-reducao-de-custos-ao-consumidor-brasileiro

[18] Consultar: https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u600336.shtml

[19] Consultar: https://www.Itaipú.gov.br/es/sala-de-prensa/noticia/estado-paraguayo-recibio-usd-4293-millones-de-Itaipú-por-anexo-c-en-el-2022

[20] Consultar: https://www.abc.com.py/economia/2023/04/10/la-central-hidroeletrica-binacional-Itaipú-costo-tres-veces-mas/

[21] Itaipú es administrada por un Consejo de 12 personas, designadas por los gobiernos del Brasil y del Paraguay.

[22] Consultar: https://megawhat.energy/news/147522/energia-em-sp-custa-25-menos-que-em-belem-compare-os-valores-edicao-da-manha

[23] Consultar: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/04/eleicoes-no-paraguai-podem-definir-futuro-do-tratado-de-Itaipú.shtml

[24] Em 2014, Horacio Cartes, expresidente y padrino político de Peña, exhortó a los empresarios brasileños em Asunción a que “usen y abusen del Paraguay, porque, para mí, es un momento increíble de oportunidades”.

[25] Consultar: https://www.folhape.com.br/politica/lula-afirma-que-vai-respeitar-os-direitos-do-paraguai-na-hidreletrica/262243/

[26] Consultar: https://www.Itaipú.gov.br/institucional/diretoria-e-conselho

[27] El salario, recientemente aumentado, de los ministros es de R$ 41.650,92, y el de consejero de Itaipú ronda los R$ 27.000.